La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por no transponer la Directiva (UE) 2020/285, que exime de IVA las ventas intracomunitarias de pymes y autónomos con facturación inferior a 85.000 euros anuales (o 100.000 euros en operaciones UE). Esto deja a los profesionales españoles en desventaja competitiva frente a otros países europeos que sí aplican la norma desde 2025.
La Directiva 2020/285 introduce un régimen especial de franquicia para pequeñas empresas, permitiendo no repercutir IVA en entregas de bienes y servicios a clientes en otros Estados miembros si el vendedor está exento en su país por bajo volumen de negocio (máximo 85.000 € nacional o 100.000 € UE).
Los autónomos no necesitan registrarse en el país destino ni presentar declaraciones adicionales, simplificando trámites y reduciendo burocracia en el mercado único.
España no ha adaptado esta exención para ventas intracomunitarias, obligando a facturar con IVA español pese al umbral.
La Comisión abrió el expediente en 2025, con requerimientos en enero y julio, dando plazos de dos meses para corregir.
Aunque no hay multa impuesta aún (el TJUE decide sanciones financieras tras demanda), Ahora el Parlamento Europeo amenaza con llevarlo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), ya que España es el único país de la UE que no aplica plenamente esta parte, pese a que la directiva era obligatoria desde el 1 de enero de 2025.
Los que podrían acogerse pierden competitividad: deben cobrar IVA español (21%) en ventas UE, mientras competidores extranjeros exentos venden sin IVA, encareciendo precios y limitando exportaciones.
Aumentan trámites (inscripción ROI, declaraciones modelo 349/369), con riesgo de multas nacionales de hasta 10.000 € por errores en operaciones intracomunitarias.
Sin la exención, autónomos que facturan anualmente menos de 85.000 € siguen declarando IVA trimestral, elevando costes administrativos.
Si el TJUE falla en contra, España enfrentará multas diarias o lump sum (hasta millones de euros, según precedentes), pagadas por el Estado desde presupuestos públicos.
Pérdida de recaudación potencial por no simplificar, más presión política de asociaciones como ATA, que denuncian desventaja para 3 millones de autónomos.
El Gobierno limita la transposición a operaciones internacionales parciales, priorizando ingresos fiscales sobre la armonización de la UE.
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